Reformar la Constitución para reconocer a Castilla y a la Corona de Castilla

Francisco Javier Sánchez

Se está planteando últimamente la necesidad de llevar a cabo en España una reforma de la Constitución. Se tendría que valorar muy bien si realmente hay esa necesidad y calibrar el alcance de lo que se quiere reformar y si interesa a la ciudadanía castellana y al conjunto de la ciudadanía española, o si interesa sólo a los políticos. En principio, debería de servir para reforzar los poderes del Estado y reducir el coste del modelo territorial, de manera que el Estado volviera a asumir las competencias que nunca debió transferir a las comunidades autónomas, tales como la educación, la sanidad, y la administración de justicia.

La última noticia: se ha propagado el rumor de que el Gobierno de la Nación, el que preside hoy en día Mariano Rajoy, estudia la posibilidad de reconocer al menos culturalmente a Cataluña como “nación”. Culturalmente, y vaya usted a saber si después también políticamente…, y financiaremente…, y mundialmente. Financiaremente significa que hay que quitar recursos a las demás comunidades autónomas. Y en lo cultural, el llamado blindaje de la enseñanza única y exclusivamente en lengua catalana o, hablando claro, el muro lingüístico catalán infranqueable, es decir, la tapia cultural que convertiría a Cataluña en un compartimento “paradisíaco, puro y no contaminado”. Y lo más importante, mejor y más abundante financiación autonómica para sufragar, por ejemplo, la calamitosa y doctrinaria enseñanza en Cataluña.

Mientras tanto, en Castilla los ciudadanos seguimos en esa sensación de atonía, de impotencia, de inhibición, de despreocupación, y de conformismo. Los castellanos somos incapaces de salir de ese círculo vicioso cuya fuerza nos atenaza: la fuerza del nacionalismo español, por un lado, y la fuerza de los nacionalismos periféricos, por otro lado. El círculo vicioso de la presión mediática, informativa, social e ideológica de los llamados nacionalismos periféricos ( de profunda castellanofobia) y la del llamado nacionalismo español ( que necesita a lo castellano y a Castilla como algo caído del cielo para sustentar y soportar su concepción plana de España, que lleva implícita la desintegración material de Castilla). Presiones del círculo vicioso que se retroalimentan entre ellas, sin importarles que gran parte de Castilla se vaya convirtiendo en un desierto demográfico y humano.

Ni a los nacionalismos periféricos ni al nacionalismo español les interesa el resurgimiento de Castilla. No les interesa el resurgimiento material de Castilla: el resurgimiento económico, humano, demográfico, y social de Castilla. Y sin resurgimiento material no hay resurgimiento cultural, pues sin hombres y mujeres de Castilla no hay cultura castellana; como mucho quedaría el estudio de la universal cultura castellana y de la historia pasada. Y no abonan tampoco esos nacionalismos en modo alguno el loable y noble ideal de la fusión de las artificiales comunidades castellanas, objetivo que no impide expresamente la Constitución, dado que sólo inadmite la federación de comunidades autónomas. Pero su Título VIII sí propició notablemente por medio de los partidos políticos que dominaban los ayuntamientos y las diputaciones provinciales la fragmentación de las dos Castillas y León en arbitrarias comunidades autónomas. Consolidar el actual modelo asimétrico, el de que unas comunidades autónomas -que ya tenemos más o menos en mente cuáles serían- son más, mejores y más guays que otras comunidades autónomas, es una perspectiva muy poco inteligente, y de muy poco futuro, pero cuya senda parecen dispuestos a seguir hasta los del partido político de Mariano Rajoy. ¿Pero puede ser todavía más asimétrica y, por tanto, desigualitaria la actual organización territorial del Estado?. Algunos parecen que están dispuesto a ello, no nos engañemos. Sin embargo, una reforma constitucional debería dirigirse a hacer desaparecer privilegios como los conciertos fiscales, y a hacer efectiva la igualdad y la libertad de los ciudadanos españoles residan donde residan: pero esto no parece interesar a un Estado que debiera encaminarse a la modernidad.

Además, una reforma de la Constitución debería facilitar la cooperación y la unión entre las cinco comunidades autónomas castellanas ( las que llevan como nombres Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha). Y también debería expresar un reconocimiento de tipo institucional hacia la antigua Corona de Castilla, Estado histórico que junto con la antigua Corona de Aragón y el Reino de Navarra conforman la actual España. Aunque también se prevean en los estatutos de autonomía mecanismos de cooperación autonómica y los procedimientos de incorporación de provincias limítrofes.

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